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| La República. 04.Jul.2012 |
La explotación de recursos naturales no renovables tiene que hacerse sin que los pasivos ambientales sean irreversibles y existiendo una autoridad estatal fuerte que sancione y obligue a las empresas a remediar las externalidades negativas de su producción además de involucrar dentro de los beneficios económicos que se obtienen a las comunidades directamente afectadas. Si esto no se hace la población civil afectada va a pasar del "Conga no va" a "Minas y Petróleo no van", aun cuando todos sabemos que los ingresos que generan estas actividades son necesarias para toda la sociedad, ya que a través del Estado se redistribuyen los ingresos obtenidos vía impuestos y/o canon hacia aquellas zonas del país en donde no existen estos recursos; permitiéndose la construcción de carreteras, colegios o el pago del acceso a los derechos fundamentales de la educación y salud de los que menos tienen.
Podemos tener fuertes discrepancias sobre la forma de explotación de los recursos: desde aquellos que consideran la necesidad de contar con un esquema de bajas regalías e impuestos para ser más competitivos que otros países en la tarea de atraer a las grandes empresas privadas multinacionales para que inviertan en sus economías; ya que esta inversión al entrar a la economía permitirá la generación de un mayor dinamismo en el país e incrementará las actividades de servicios y/o productivas para atender las necesidades de estas nuevas inversiones. Hasta aquellos que consideran que es el Estado o los capitales nacionales los que tienen que realizar esta inversión para que se quede toda la ganancia que generan estas actividades en nuestra economía de manera que el impacto sea significativamente mayor.
Asimismo, podemos tener otra fuerte discusión sobre la disposición que se hagan de los recursos no renovables que se explotan: desde aquellos que avalan su venta como materia prima simple, hasta aquellos consideran que la venta se tiene que realizar con valor agregado, lo que se a su vez conllevará a la consiguiente industrialización del país.
En general podemos afirmar que todos los que se mueven en la discusión económica, técnica y política anteriormente señalada están consientes sobre la necesidad que se tiene de explotar estos recursos; de que no se los puede dejar bajo tierra porque eso sería desperdiciar una fuente de ingresos que permita ponerle mayor énfasis al desarrollo de actividades como mejoramiento de infraestructura vial, educativa y salud, que permitan dinamizar el mercado o que suplan a las empresas privadas donde estas nos estén por no tener rentabilidades adecuadas; o que por último permitan una mejor redistribución de la riqueza en beneficio de las clases menos favorecidas.
Si se negocia entre personas que quieren que los recursos se saquen del subsuelo, la discusión girará sobre aspectos sobre el importe de las regalías, el cómo se va a distribuir la riqueza, la responsabilidad social y ambiental de las empresas con las comunidades de su entorno o sobre las obras de infraestructura que las empresas concesionarias pueden realizar en su zona de influencia. En este caso los conflictos sociales van a girar sobre la fuerza que tenga cada uno de los actores para imponer sus posiciones: desde la empresa para que no se varíen las condiciones iniciales que pacto con el gobierno o que mantengan a los funcionarios públicos ineptos o corruptos que los ayudan cuando se presenta un problema; hasta el pueblo afectado para lograr mejorar esas condiciones iniciales, pasando por el gobierno para que se viabilice y normalice el conflicto social presentado. Si se empieza esta negociación en las fases tempranas de un proceso de conflicto social entonces la posibilidad de convulsión social podría ser disminuida, no obstante de no lograrse resultados satisfactorios para todas las partes (esquema de negociación ganar ganar) se lleva a escalamientos del conflicto que no es si no más que expresiones de poder para forzar la solución del problema en beneficios de los intereses de alguna de las partes.
Pero cuando existen empresas irresponsables, un gobierno que se percibe débil o funcionarios públicos ineficientes o corruptos que no cumplen con el rol que tiene el Estado de proteger el derecho fundamental de la población a la vida o a vivir en un ambiente saludable; entonces las poblaciones que son directamente afectadas se ven empujadas al peor escenario posible: Es mejor que no se explote nada porque los únicos que ganan son las empresas transnacionales y nacionales; los funcionarios públicos elegidos o los que trabajan en el estado; e inclusive ganan las poblaciones de otras regiones del país cuando les construyen cosas con el dinero que obtienen de la destrucción de las tierras que ellos habitan directamente y de la que obtienen los recursos necesarios para vivir, como el agua para beber, la tierra para cultivarla, el aire para respirar y el medio ambiente donde viven los animales que cazan.
Esto nos lleva a definir si estar a favor o en contra de las actividades extractivas es defender o no a la vida. Algunos sostendrán basados en las impactantes fotos sobre las operaciones mineras que quien se opone a ellas defiende la vida, mientas que quienes quieren que esta se realice son los que quieren matar la vida. Pero no olvidemos que los recursos que se obtienen por la ejecución de estos proyectos permiten al gobierno ejecutar una distribución de la riqueza directa mediante subsidios o indirectamente mediante la construcción de colegios, escuelas y en general implementando programas sociales que atienden a millones de peruanos que viven excluidos de los beneficios de la economía nacional y que viven en asentamientos humanos o en el sector rural de nuestro país. Eso a su vez podría generarnos un debate más filosófico sobre hasta cuanto es ético destruir el medio donde viven algunos peruanos para beneficiar a otros peruanos que no viven allí.
Entonces vamos a enfrentar un serio problema en la negociación cuando existe dos visiones totalmente contrarias sobre si se debe o no permitir la ejecución o continuidad de operaciones de una extracción de recursos naturales; porque estamos frente a posiciones disímiles que solo en apariencia podría solucionarse vía la imposición manu militari de una de las partes o dejando los recursos bajo el suelo o haciendo que la causante de los daños ambientales y sociales los repare antes de continuar o salir de la misma.
Lastimosamente esto es lo que se obtiene cuando un pueblo es afectado o va a ser afectado por el desarrollo de una extracción de recursos de forma irresponsable; cuando se observan casos a diario de como estas actividades extractivas que ya de por si son destructoras del medio ambiente, pueden realizar sus actividades y contaminar más allá de sus límites con total impunidad; cuando se percibe que se tiene un gobierno timorato que cuenta con funcionarios corruptos o displicentes para hacer que las empresas concesionarias cumplan con los compromisos ambientales y sociales que ayuden a minimizar los efectos negativos o cuando se percibe un gobierno que da la apariencia de ser fuerte con los ciudadanos y débil con los que tienen poder económico en una sociedad.
Llevado a otra dimensión esto podría escalarse hacia otras poblaciones y poner frente a frente de manera confrontacional no dialogante las opciones de que todo tipo de extracción de minería y petróleo vaya o no vaya; se ejecuten o no se ejecuten; con todas las consecuencias de menores recursos económicos para todo el país o con la aparición de la minería informal cuya acción es muchísimo más perjudicial para toda la sociedad, tal y como se aprecia en las grandes áreas devastadas de la selva de Madre de Dios.
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| Yanacocha, Cajamarca |
